Las personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% tienen una exención en los precios académicos, lo que se paga por las asignaturas, y en los servicios administrativos.
Las personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% tienen una exención en los precios académicos, lo que se paga por las asignaturas, y en los servicios administrativos.